https://repository.unad.edu.co/handle/10596/47649 Wed, 29 Apr 2026 10:12:43 GMT 2026-04-29T10:12:43Z http://repository.unad.edu.co:80/jspui/retrieve/dcf71b62-527b-4187-879b-e06f090ccc08/ https://repository.unad.edu.co/handle/10596/47649 https://repository.unad.edu.co/handle/10596/80350 Title: Influencia de las comunidades indígenas y su vinculación Ley 70 de 1993 como parte de los mecanismos de resolución de conflictos en la transformación social del pueblo Nasa del Cauca (2000–2024) Abstract: El objetivo de esta investigación fue medir la trascendencia de la “Ley 70 de 1993” y los medios en materia de “resolución de conflictos” del pueblo Nasa del Cauca, Colombia, durante el periodo 2020-2024. Los objetivos específicos incluyeron analizar la influencia en la “protección de derechos territoriales y culturales”, examinar su implementación de la Ley en relación a otros decretos que resguardan a las comunidades étnicas en la resolución de conflictos relacionados con recursos naturales, y evaluar los mecanismos para la resolución de problemas como la Consulta Previa (CP) y la mediación intercultural. La metodología se fundamentó en un enfoque cualitativo incluye entrevistas semiestructuradas, grupos focales y análisis documentales, con un enfoque cualitativo. Los datos se analizarán mediante codificación temática, vinculando los patrones emergentes con el marco teórico de derechos territoriales, autogobierno y resolución de conflictos. Se utilizará el software NVivo para organizar y analizar los datos, permitiendo identificar áreas de mejora en la inserción de las nuevas políticas públicas y mecanismos de resolución de conflictos. El estudio se relaciona intrínsecamente con la teoría de los derechos territoriales, destacando la importancia de la Ley 70 de 1993 y su relación con los decretos de resguardo a los pueblos originarios para el empoderamiento y la autonomía del pueblo Nasa, y su capacidad en materia de resolución de conflictos de manera pacífica y autónoma, fortaleciendo su identidad y cohesión social. Description: Marco teórico Teoría del Pluralismo Jurídico Para fundamentar teóricamente la lucha de las comunidades étnicas, el referente principal de esta investigación es el pluralismo jurídico. Este sostiene que en una sociedad pueden coexistir múltiples sistemas normativos, en especial cuando se trata de una serie de entornos donde las comunidades locales han forjado sus propias formas de vida, justicia y resolución de conflictos. A nivel teórico, reconoce que el derecho estatal no es el único válido, y que los sistemas jurídicos indígenas deben ser respetados como expresión de autonomía y cultura. Dentro de dicha perspectiva, uno de los precursores en el ámbito es Boaventura de Sousa Santos, quien expresa que los sistemas jurídicos alternativos, como los indígenas, deben ser reconocidos como parte de una ecología de saberes y prácticas jurídicas. Según él, “no hay justicia sin reconocimiento de la diversidad jurídica” (Santos, 2002), lo cual se relaciona directamente con los desafíos que enfrenta el pueblo Nasa en la gestión de sus conflictos y derechos territoriales. En concreto, este enfoque permite interpretar cómo la Ley 70 de 1993, aunque dirigida a comunidades afrocolombianas, se vincula a un marco más amplio de reconocimiento de derechos étnicos, y cómo los mecanismos de resolución de conflictos deben considerar los sistemas normativos propios del pueblo Nasa. Es así como el modelo normativo predominante en América Latina, basado en una visión monista del Estado, ha demostrado ser inexistente para responder a las realidades sociales y culturales de los pueblos originarios. Dado este enfoque, asociado en un sistema jurídico único y estatal, ha excluido históricamente los sistemas normativos propios de comunidades indígenas, como el pueblo Nasa del Cauca. Entonces, esa necesidad de reconstruir el modelo jurídico implica repensar las funciones del Estado, reconocer la diversidad legal y avanzar hacia un sistema igualitario e incluyente que incorpore la justicia indígena como parte legítima del orden jurídico nacional. Referentes como Wolkmer (2003) destacan que el modelo clásico de legalidad positiva, heredado del pensamiento liberal occidental, ha entrado en crisis al finalizar el siglo XX. Este modelo, fundado en el individualismo y en la centralización normativa, ha perdido eficacia frente a las demandas de pluralismo, autonomía y reconocimiento cultural. En tal sentido, la Ley 70 de 1993, a pesar de que está dirigida a comunidades afrocolombianas, representa un avance en el reconocimiento de derechos colectivos, territoriales y culturales, y ofrece un marco para reflexionar sobre la inclusión de sistemas jurídicos alternativos. Durante 1950 y 1960, las políticas de desarrollo en América Latina promovieron una visión de modernidad que implicaba la represión de sistemas jurídicos no estatales, como el derecho consuetudinario indígena. De acuerdo con Hoekema (1998), se buscaba eliminar cualquier forma de autoridad comunitaria que pudiera desafiar el monopolio legal del Estado. Esta vertiente subordinó la validez de normas indígenas al “visto bueno” estatal, negando su legitimidad autónoma. Ahora bien, en lo relacionado con la vertiente teórica del monismo jurídico puede rastrearse en pensadores como Hobbes, quien defendía la idea de una legislación común para todos, sin reconocer la pluralidad de sistemas normativos. Este ideal se fortaleció con las reformas napoleónicas y la imposición de códigos civiles únicos, que excluyeron de manera sistemática la justicia indígena (Wolkmer, 2003). Frente a este aspecto teórico, surgen una serie de doctrinas pluralistas como respuesta crítica. Algunos teóricos de la filosofía del derecho como Gierke, Hauriou, Santi Romano y Del Vecchio, junto con sociólogos como Ehrlich y Gurvitch, sugieren una serie de modelos que reconocen la coexistencia de múltiples sistemas jurídicos en una misma sociedad (puede haber muchos sistemas en un solo espacio donde convergen diversas corrientes de pensamiento y etnicidad, a pesar de compartir el espacio geopolítico y jurídico). Esta aproximación es especialmente relevante para el pueblo Nasa, cuya transformación social está ligada a su capacidad de ejercer justicia propia, resolver conflictos de manera autónoma y fortalecer su identidad cultural. En el marco de esta investigación, el pluralismo jurídico se convierte en un referente teórico clave para analizar cómo la Ley 70 y los mecanismos de resolución de conflictos pueden contribuir a la autonomía, cohesión social y empoderamiento del pueblo Nasa, en contraposición al modelo jurídico centralista que ha dominado históricamente. El pueblo Nasa del Cauca ha enfrentado múltiples desafíos en relación con las políticas públicas y la resolución de conflictos, especialmente en el contexto colombiano contemporáneo. Desde el año 2000 hasta la actualidad, la interacción entre estos factores ha sido un tema crucial para la transformación social de la comunidad. Acosta (2009) sostiene que la autonomía indígena en Colombia presenta una tensión significativa entre el derecho y la práctica, lo que ha influido en la capacidad del pueblo Nasa para gestionar sus propias políticas y resolver conflictos internos. Este dilema resuena en el análisis de Gutiérrez (2014), quien examina los conflictos territoriales que enfrenta la comunidad Nasa, resaltando cómo las políticas públicas han frecuentemente ignorado sus derechos y demandas. Rodríguez (2016) proporciona un análisis más profundo al identificar los mecanismos de resolución de conflictos utilizados por la comunidad Nasa. Destaca la importancia de las prácticas ancestrales, las cuales permiten a los Nasa abordar tanto las disputas internas como las tensiones externas con el Estado. Es fundamental entender cómo estas prácticas se aplican y su efectividad en la resolución de controversias específicas para poder evaluar su impacto real. En este sentido, Torres (2018) investiga cómo las políticas públicas han impactado el desarrollo social y económico del pueblo Nasa, identificando tanto oportunidades como obstáculos en el proceso de implementación de estas políticas. Además, se destaca cómo la educación ha jugado un papel fundamental en la transformación social del pueblo Nasa, ya que actúa se constituye como una herramienta para empoderar a la comunidad y fomentar la conciencia sobre sus derechos. Vargas (2019) sostiene que la educación es un componente esencial que refuerza la capacidad de los Nasa para participar activamente en la formulación y ejecución de políticas que los afectan directamente. Castañeda (2020) explora cómo la memoria histórica y la resistencia han influido en la formulación de políticas públicas que afectan al pueblo Nasa, sugiriendo que el reconocimiento de su historia es esencial para el diseño de políticas efectivas y justas. Pérez (2021) enfatiza la relevancia del diálogo intercultural como herramienta para la resolución de conflictos en el Cauca, lo cual permite establecer relaciones más equitativas entre el pueblo Nasa y las instituciones estatales, fomentando un intercambio de saberes que promueve la convivencia pacífica y reduce las tensiones. Martínez (2022) presenta un análisis de los desafíos actuales en la política indígena en Colombia, enfocándose en las experiencias del pueblo Nasa y cómo estas reflejan un panorama más amplio en el país. Su estudio detalla los mecanismos utilizados por las autoridades Nasa para navegar las complejidades de las políticas públicas y resalta las oportunidades y dificultades que enfrentan en el proceso de implementación. Hernández (2023) investiga los procesos de transformación social dentro del pueblo Nasa y cómo las políticas públicas han facilitado o limitado estos cambios. Este análisis se enfoca en los logros y obstáculos que han enfrentado las comunidades en su esfuerzo por fortalecer su estructura social, destacando la importancia de comprender a fondo estas dinámicas para poder proponer estrategias que se adapten a las necesidades y aspiraciones del pueblo Nasa. Romero (2024) analiza la efectividad de las políticas públicas implementadas en la comunidad Nasa y presenta sugerencias para mejorar los métodos de resolución de conflictos y el desarrollo social en la región. En su evaluación, Romero destaca los principales aspectos que requieren intervención para fortalecer la capacidad de la comunidad en la toma de decisiones autónomas y en la gestión de conflictos. Además, subraya cómo estos elementos impactan en la estructura social y política del pueblo Nasa. En sintonía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en Colombia se ha visto fortalecido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que en los últimos años ha otorgado un estatus propio a estos grupos dentro del Derecho Internacional Público (Figuera y Ariza, 2015). A pesar de este reconocimiento, muchas comunidades continúan enfrentando marginación y exclusión, especialmente en contextos donde se otorgan concesiones a empresas transnacionales sin realizar la consulta previa, lo que infringe su derecho a la autodeterminación. Un análisis cualitativo de esta situación revela la falta de regulación efectiva que garantice este derecho en el país, sugiriendo una ausencia de pluralismo jurídico real (Figuera y Ariza, 2015). Ahora bien, lo que respecta al derecho a la salud, las luchas de los pueblos indígenas, especialmente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), han sido significativas a lo largo de las últimas décadas. Estas comunidades han buscado materializar su derecho fundamental a la salud a través de políticas que reflejen sus cosmovisiones y necesidades específicas. Se ha evidenciado una tensión constante entre el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que se basa en una lógica de mercado, y un sistema de salud indígena que busca preservar la sabiduría ancestral y promover un enfoque colectivo (Urrego, 2020). La Constitución de 1991 ha desempeñado un rol protagónico en este proceso, ya que ha reafirmado las prácticas políticas tradicionales y ha influido en el surgimiento de redes que buscan fortalecer la autonomía de estas comunidades (Meneses, 2002). En cuanto al medio ambiente, se ha consolidado la figura del “nativo ecológico”, que representa a los pueblos indígenas como protectores de la naturaleza en un contexto de crisis climática y explotación de recursos. Este enfoque no solo reafirma su conexión con el territorio, sino que también influye en la manera en que se formulan y aplican políticas ambientales que involucran a las comunidades indígenas como actores clave en la preservación de los ecosistemas. De acuerdo a los argumentos planteados por Castro y Téllez (2018), los orígenes del pueblo Nasa se destacan por la manifestación en prácticas de justicia comunitaria, liderazgo ancestral y resolución de conflictos. La figura del cacique, como autoridad política y judicial, representa una expresión de ese sistema normativo, aunque los registros históricos sobre sus decisiones son escasos debido a la oralidad de las culturas originarias. La conquista española, acompañada por la campaña de evangelización y la imposición de estructuras coloniales, dejó en evidencia no solo un genocidio físico, sino también epistémico y jurídico. Se extinguieron pueblos enteros junto con sus sistemas de gobierno, cosmovisiones y formas de justicia. El derecho indígena fue desplazado por un modelo jurídico occidental, centralista y positivista, que excluyó cualquier forma normativa ajena al Estado. Es así, como este proceso de negación histórica comenzó a revertirse con la Constitución Política de Colombia de 1991, que en su artículo 7 reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación. A partir de este marco, se abre la posibilidad de jurisdicción especial indígena, basada en la autonomía, la autodeterminación y el respeto por la cosmovisión de los pueblos originarios. Las decisiones de la Primera Corte Constitucional han sido clave en este proceso de reconocimiento, al validar prácticas jurídicas ancestrales como parte del orden constitucional colombiano. En otro orden de ideas, en la investigación Castrillón Gómez (2018), se hace un planteamiento sobre las teorías propias del derecho pueden surgir del desarrollo social interno de las comunidades, sin necesidad de influencia externa. Esta afirmación es de suma importancia para comprender el valor del derecho consuetudinario indígena, especialmente en el contexto del pueblo Nasa. La noción de que el sistema jurídico indígena precolombino se originó de la depuración cultural y social de los pueblos, sin intervención de modelos occidentales, refuerza la legitimidad de sus prácticas normativas. Esta afirmación se relaciona con el pensamiento de autores como Boaventura de Sousa Santos (2002), quien defiende la existencia de una “legalidad desde abajo”, construida por los pueblos en resistencia frente al monopolio estatal del derecho. De la misma forma, se asocia la ausencia de registros escritos como una de las razones por las cuales las formas de justicia indígena han sido invisibilizadas en la historia oficial. La figura del cacique se menciona como símbolo de autoridad, pero sin documentación que respalde sus decisiones judiciales. Esta invisibilidad jurídica ha contribuido a la marginalización del derecho indígena, especialmente tras la conquista española, que impuso un modelo legal centralista y excluyente. Tal como manifiesta Castrillón Gómez (2018), el genocidio cultural y político que sufrieron los pueblos originarios no solo eliminó vidas, sino también saberes, estructuras de gobierno y sistemas de justicia propios, lo que representa una pérdida profunda para la memoria jurídica del continente. Del mismo modo, la investigación de Cruz Pajoy (s.f.), destaca una reflexión profunda sobre el derecho propio indígena y su reconocimiento en el marco constitucional colombiano, Cruz Pajoy destaca que este sistema jurídico no debe entenderse como una alternativa subordinada al derecho estatal, sino como una expresión legítima de justicia construida desde la cosmovisión, la oralidad y la práctica comunitaria de los pueblos originarios. En tal sentido, la justicia ancestral se presenta como una herramienta de autodeterminación que permite a las comunidades resolver sus conflictos internos de acuerdo con sus valores culturales y espirituales. La Constitución de 1991, especialmente a través del artículo 246, marca un punto de inflexión al reconocer la Jurisdicción Especial Indígena, lo que representa un avance significativo en la inclusión de sistemas jurídicos diversos dentro del orden constitucional. No obstante, Cruz Pajoy también manifiesta que persisten desafíos estructurales, como el desconocimiento institucional y la falta de articulación entre sistemas jurídicos, lo que limita la implementación efectiva de este reconocimiento. Además, se subraya la importancia de la oralidad como fuente normativa, lo que exige nuevas formas de validación jurídica que reconozcan la riqueza de la memoria colectiva indígena como base del derecho propio. Marco conceptual En este apartado, se presenta el marco teórico necesario para comprender los derechos territoriales, la implementación de la Ley 70 de 1993, así como los mecanismos de conciliación, en el contexto específico del pueblo Nasa. A través de la revisión de diferentes teorías y enfoques, se establece una base para analizar cómo estas leyes y mecanismos afectan la transformación social de la comunidad. Etnias involucradas Los pueblos indígenas relacionados con la etnia Nasa son aquellos que habitan principalmente en el departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia. Según la información recopilada, algunos de los municipios con mayor densidad poblacional Nasa son Toribío, Páez y Caldono. Aparte del Cauca, también existen comunidades Nasa en otros departamentos como Valle del Cauca, Putumayo y Caquetá, producto de migraciones y asentamientos a lo largo del tiempo. Estos pueblos indígenas se conocen también como Naza Paéz o Nasa Yuwe, que significa “gente del agua” en su lengua nativa. La historia de la etnia Nasa está marcada por una lucha constante por la preservación de su territorio y su cultura. Han enfrentado procesos de colonización y genocidio durante tantos siglos, pero han logrado mantener vivas sus tradiciones y su identidad como pueblo. Actualmente, la Ley 70 de 1993 y en consonancia con el Decreto 982 de 1999 son instrumentos legales que buscan preservar los derechos territoriales y la autonomía de estas comunidades indígenas. Sin embargo, la implementación de estas leyes sigue siendo un desafío, ya que deben enfrentar intereses externos que amenazan sus tierras y su forma de vida. Teoría de los Derechos Territoriales La teoría asociada a la legitimación territorial sostiene que las comunidades étnicas, como los pueblos indígenas y afrocolombianos, tienen derechos inalienables sobre los territorios que históricamente han habitado. Estos territorios no se perciben únicamente como espacios físicos; en palabras de Bourdieu (1990), representan significados culturales y sociales que sostienen la afinidad comunidades, considerando que el acceso a la tierra y la conservación de sus prácticas culturales son aspectos cruciales para mantener su identidad. Sin embargo, como señala Franco (2019), la implementación efectiva de esta ley se ve afectada por las presiones de actores externos, como las empresas extractivas, que ponen en riesgo la autonomía y el bienestar de las comunidades Nasa. Análisis Crítico de la Implementación de la “Ley 70 de 1993 y el Decreto 982 de 1999” La Ley 70 de 1993 representa adelantos importantes en el reconocimiento de los derechos de comunidades afrocolombianas e indígenas. Sin embargo, su implementación enfrenta grandes retos. Valencia (2019) resalta que, aunque la Ley 70 otorga derechos fundamentales, la falta de recursos y de compromiso estatal ha limitado su eficacia, especialmente en zonas donde las empresas extractivas tienen una fuerte influencia. Esta falta de implementación efectiva debilita la protección que estas leyes buscan ofrecer y pone en peligro los territorios de las comunidades afectadas. Para el pueblo Nasa, la falta de recursos y el incumplimiento de la consulta previa son obstáculos que dificultan la protección de su territorio. La experiencia de esta comunidad demuestra cómo la aplicación incompleta de la ley puede generar desconfianza en las instituciones estatales, mientras que el Decreto 982, aunque ofrece mecanismos de consulta, no ha garantizado una verdadera participación en las decisiones que afectan su territorio y su cultura. En la Tabla 1, se sintetizan los aspectos claves vinculados a la resolución de los conflictos territoriales del pueblo Nasa del Cauca. Tabla 1. Aspectos claves de la resolución del conflicto territorial. Aspectos claves Descripción Impacto en la Resolución de Conflictos Consulta Previa (CP) Mecanismo diseñado para proteger los derechos en materia de cultura y territorio de las comunidades indígenas. Ha avanzado en la inclusión de las comunidades, pero su implementación presenta limitaciones. Falta de Conocimiento Muchas comunidades no están plenamente informadas sobre el proceso de la CP. Reduce la participación comunitaria en las consultas y decisiones relacionadas. Insuficiente Participación Baja participación de las comunidades en las consultas previas. Limita la capacidad de las comunidades para influir en proyectos que afectan sus territorios. Voluntad Política Escasa disposición del Estado para respetar los resultados de las consultas. Genera desconfianza y conflictos entre las comunidades étnicas y el Estado. Explotación de Recursos Naturales Conflictos relacionados con la sobreexplotación de recursos como petróleo y minerales. A menudo, las decisiones tomadas en las consultas no se respetan, intensificando los conflictos. Desarrollo Neoliberal Prioriza la explotación de recursos para el crecimiento económico, generando tensiones con los derechos indígenas. Crea un conflicto entre intereses económicos y derechos territoriales, resultando en protestas. Protestas y Litigios Acciones de resistencia de las comunidades frente a la falta de respeto a sus derechos. Reflejan la lucha por equilibrar el desarrollo económico y la protección de las garantías fundamentales. Ley 70 de 1993 Regula la “propiedad colectiva de las comunidades afrodescendientes e indígenas”. Proporciona un marco legal para la defensa de derechos territoriales, pero enfrenta retos en su implementación. Decreto 982 de 1999 Establece lineamientos para la Consulta Previa. Busca fortalecer el proceso de consulta, aunque su aplicación efectiva aún es un desafío. Mediación Intercultural Mecanismo para facilitar el diálogo entre comunidades y el Estado. Promueve la inclusión y el respeto hacia las voces indígenas en las decisiones. Transformación Social del Pueblo Nasa Relación sobre el “impacto de las políticas públicas” y mecanismos en la autonomía y derechos del pueblo Nasa. Permite un análisis de cómo estas políticas han influido en la resolución de conflictos y cohesión social. Nota: Esta tabla de doble entrada resume los aspectos clave relacionados con la resolución de los conflictos territoriales de Colombia, específicamente en el contexto del pueblo Nasa del Cauca. Al identificar y analizar estos elementos, se puede observar cómo las políticas públicas, como la Ley 70 y el Decreto 982, junto con la Consulta Previa y otros mecanismos, están en el centro de la interacción entre el Estado y las comunidades indígenas. La identificación de desafíos y oportunidades es crucial para promover una resolución más equitativa de los conflictos y para fortalecer la “identidad y autonomía” de los pueblos indígenas en Colombia. Transformación Social y Empoderamiento La relación entre la Ley 70 de 1993, así como los mecanismos de gestión territorial, es necesaria para el desarrollo de la comunidad. Estas legitimaciones han sido reconocidas en la normativa colombiana mediante la Ley 70 de 1993, que no solo concede el acceso a la tenencia de tierras, sino que también fomenta la autonomía de las comunidades en la toma de decisiones respecto al uso de sus recursos. En el caso del pueblo Nasa, la Ley 70 se convierte en una herramienta propios de resolución de conflictos ha impulsado una transformación social significativa en el pueblo Nasa. Hernández et al. (2021) sostienen que esta reconfiguración está vinculada al empoderamiento colectivo y a la participación política, facilitando que las comunidades indígenas desarrollen una ciudadanía activa y defensiva de sus derechos. La capacidad de los Nasa para autogestionarse ha generado procesos de cambio que consolidan sus identidades y su autonomía frente a amenazas externas. El empoderamiento del pueblo Nasa se ha manifestado en su capacidad para gestionar sus propios conflictos y tomar decisiones autónomas sobre sus recursos. Este proceso ha permitido una mayor cohesión interna, fortaleciendo la identidad colectiva del pueblo y promoviendo su participación política a nivel regional. Estos avances contribuyen a la transformación social, evidenciada en el empoderamiento de sus líderes y en la consolidación de un modelo de autogobierno. Efectividad de los Mecanismos de Resolución de Conflictos Los mecanismos de resolución de conflictos en el pueblo Nasa han sido sustanciales para la protección de sus garantías y la gestión de disputas internas. Ramírez (2021) resalta que estos mecanismos, basados en la mediación y el diálogo intercultural, han facilitado la resolución de conflictos de forma pacífica, evitando la intervención externa que, en muchos casos, podría agravar las tensiones. La eficacia de estos mecanismos radica en su capacidad para integrar principios de justicia propios del pueblo Nasa, los cuales se alinean con su visión de buen vivir. Para el pueblo Nasa, la mediación intercultural ha sido esencial en la resolución de disputas territoriales y la defensa de sus derechos frente a los proyectos extractivos. A pesar de las limitaciones externas, estos mecanismos han permitido la resolución pacífica de disputas dentro de la comunidad, reafirmando la autonomía del pueblo y su capacidad para manejar sus propios procesos de justicia. Variables de la investigación Impacto Cultural de las Normativas Esta variable se centra en cómo la Ley 70 de 1993 en relación a las disposiciones legales que respaldan a las comunidades étnicas y el Decreto 982 de 1999 han influido en las tradiciones, prácticas y la identidad cultural del pueblo Nasa. Se evalúa si estas normativas han fortalecido o debilitado aspectos de su cosmovisión y cómo han afectado la percepción de su identidad cultural en el contexto actual. Derechos Territoriales y Autonomía Esta variable aborda el efecto de las normativas en el control y la autonomía del pueblo Nasa sobre su territorio ancestral. Se examinan los desafíos que enfrentan en la implementación de estas leyes y cómo han impactado su capacidad para defender y gestionar sus recursos territoriales. Efectividad de los Mecanismos de Resolución de Conflictos Esta variable se enfoca en los mecanismos de justicia propia del pueblo Nasa y su efectividad en la resolución de conflictos. Se analiza cómo estos mecanismos se articulan con las normativas nacionales y qué mejoras son necesarias para optimizar su funcionamiento y garantizar la justicia en la comunidad. Estado del arte Algunos referentes relacionados en diversas revistas asociadas al trabajo investigativo sobre la temática de la CP van desde el artículo de Rentería-Jiménez y Vélez De La Calle (2021) en Revista Colombiana de Educación examina cómo las comunidades afrodescendientes del Chocó han construido históricamente sus relaciones con el territorio desde saberes ancestrales, lo que plantea la necesidad de que la CP reconozca estos conocimientos en los procesos de consulta. Este enfoque intercultural y ambiental sugiere que la CP no puede ser un mecanismo homogéneo, sino que debe adaptarse a las realidades locales. Asimismo, Acosta Navas (2019), en la revista Ánfora, analiza los derechos humanos de los pueblos indígenas desde el pluralismo jurídico y la interculturalidad, señalando que la CP debe ser entendida no solo como un trámite legal, sino como un ejercicio de autodeterminación. Este trabajo destaca que, aunque Colombia ha ratificado instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, su aplicación sigue siendo deficiente, especialmente en contextos de extractivismo y megaproyectos. En cuanto al apartado metodológico, Gómez Vargas et al. (2015) en Revista Colombiana de Ciencias Sociales proponen el estado del arte como herramienta para identificar vacíos en la investigación. En el caso de la CP, estos vacíos incluyen la falta de estudios empíricos sobre la participación efectiva de las comunidades, el seguimiento a los acuerdos alcanzados en las consultas, y el impacto real de la CP en la protección de los territorios. En conjunto, la literatura revisada permite adoptar una postura estructurada frente a la implementación de la CP en Colombia. Aunque se reconoce como un avance normativo, los estudios coinciden en que su aplicación ha sido limitada por factores como la falta de voluntad política, la ausencia de mecanismos de seguimiento, y la escasa adaptación a los contextos culturales de las comunidades. Esto abre la puerta a futuras investigaciones que profundicen en las experiencias locales, evalúen el cumplimiento de los acuerdos de consulta, y propongan modelos participativos más eficaces. Por su parte, Patiño Lemus (2018) analiza cómo el Convenio 169 de la OIT se incorpora al orden jurídico colombiano, señalando que la CP debería garantizar el consentimiento libre e informado, especialmente en territorios indígenas. Sin embargo, su estudio revela que este mecanismo se ha convertido en un trámite formal, sin impacto real en la toma de decisiones. Llano Franco (2021) profundiza en esta crítica al estudiar proyectos viales que afectan comunidades indígenas, evidenciando la falta de voluntad política y el desconocimiento de las estructuras normativas propias. En otro sentido, Durán Castellanos (2013) propone una lectura desde el pluralismo jurídico, destacando que los pueblos indígenas deben ser reconocidos como sujetos de derecho con sistemas jurídicos válidos. En esta línea, Acosta Navas (2019) plantea que la CP debe ser entendida como un ejercicio de autodeterminación, respetando las formas de organización y decisión comunitaria. Esta postura se refuerza con el trabajo de Rentería-Jiménez y Vélez De La Calle (2021), quienes, aunque centrados en comunidades afrodescendientes, subrayan la importancia de incorporar saberes ancestrales en los procesos de participación. Las investigaciones revisadas dejan una evidencia importante frente al problema que es: la falta de articulación entre el derecho estatal y los sistemas jurídicos indígenas. Por tanto, futuras investigaciones deben centrarse en cómo fortalecer estos mecanismos desde una perspectiva intercultural, reconociendo la diversidad jurídica y cultural de Colombia. Planteamiento metodológico El diseño metodológico de esta investigación está orientado hacia la comprensión en profundidad del impacto de la Ley 70 de 1993, el Decreto 982 de 1999 y los mecanismos de resolución de disputas en pro del cambio del pueblo Nasa del Cauca. Enfoque y tipo de investigación El enfoque cualitativo, con un diseño descriptivo y exploratorio, resulta ideal para analizar cómo las políticas mencionadas han influido en aspectos culturales, territoriales y de resolución de conflictos en la comunidad Nasa. De acuerdo con Hernández et al. (2014), el enfoque cualitativo permite explorar percepciones y vivencias en un contexto específico, haciendo énfasis en los significados sociales y culturales. Este diseño es adecuado para adentrarse en un tema complejo y poco estudiado en profundidad, permitiendo identificar características y efectos de las políticas sobre la comunidad. Método de investigación Se seleccionó el estudio de caso como método principal, lo cual facilitó el análisis detallado de un fenómeno específico: la transformación social de la comunidad Nasa en relación con las políticas públicas. El método de estudio de caso, como sugiere Hernández et al. (2014), permite un análisis intensivo de las experiencias y dinámicas internas en un contexto particular. Además, se adoptará un enfoque etnográfico mediante observación participante, entrevistas semiestructuradas y análisis documental. Técnicas y herramientas Para la recolección de información, se emplearon entrevistas semiestructuradas, grupos focales y análisis documentales. Las entrevistas semiestructuradas se aplicaron a un total de 10 a 15 líderes y miembros de la comunidad Nasa, seleccionados de manera intencionada para representar diversas perspectivas dentro de la comunidad, como aquellos involucrados en la implementación de la Ley 70. Además, se incluyeron entre 5 a 7 representantes del Estado, quienes fueron elegidos en función de su vinculación directa con estos procesos. Los grupos focales se organizaron con 8 a 12 participantes por grupo, en los cuales se incluyeron tanto miembros de la comunidad Nasa como representantes del Estado, asegurando una representación equilibrada para promover un dialogo y posterior reflexión colectiva en torno a la implementación de las normativas. Estos grupos se desarrollaron en diferentes ubicaciones dentro de la comunidad para garantizar la inclusión de diversas voces. Además, se realizaron análisis documentales de las políticas y normativas relevantes, tales como la Ley 70 y en consonancia con el Decreto 982, con el fin de entender sus principios, objetivos y el contexto de su implementación en el pueblo Nasa. La triangulación de estos métodos y fuentes permitirá un análisis más robusto y confiable de los datos, lo que contribuirá a obtener una visión integral de los procesos sociales y políticos involucrados en la transformación social del pueblo Nasa. (Hernández et al., 2014). Información necesaria Se requirió recopilar tanto datos primarios como secundarios. En cuanto a los datos primarios, fue necesario conocer las experiencias y perspectivas de la comunidad sobre el impacto de las políticas, su percepción del Estado, y los desafíos y logros en la aplicación de sus mecanismos propios de resolución de conflictos. En cuanto a los datos secundarios, se analizaron documentos legales y académicos relacionados con la Ley 70, el Decreto 982 y los conflictos territoriales en el Cauca, además de informes gubernamentales y no gubernamentales que documenten la actual situación en la que se encuentra la comunidad Nasa en relación con los conflictos territoriales y su impacto en la transformación social. La información se obtuvo mediante entrevistas con líderes indígenas y otros actores clave en el Cauca, revisión de documentos legales y consulta de estudios de caso y literatura académica sobre políticas públicas y pueblos indígenas. Análisis de la información Se llevó a cabo una codificación temática en varias etapas. En primer lugar, se identificarán los patrones y categorías emergentes a partir de las “respuestas obtenidas en las entrevistas, los grupos focales y los documentos analizados”. En la segunda etapa, se realizará un análisis más detallado, orientado a interpretar cómo se interrelacionan las políticas públicas, los mecanismos de conciliación y la transformación social del pueblo Nasa. Este análisis se vinculará directamente con el marco teórico de los derechos territoriales y la implementación de la Ley 70 de 1993 y las disposiciones legales que respaldan a los pueblos indígenas, enfocado en los principios de autonomía, autogobierno y protección cultural. En particular, se analizarán las respuestas dentro de los marcos conceptuales establecidos: la teoría de los derechos territoriales, la efectividad de la Ley 70, el impacto del Decreto 982, y la conciliación, todo ello a la luz de los objetivos específicos del estudio. Se examinarán los patrones emergentes relacionados con la protección de derechos territoriales, la resolución de conflictos en torno a las políticas en términos de indicadores específicos. La falta de datos cuantitativos puede limitar la posibilidad de establecer relaciones causales precisas y generalizables a otros pueblos indígenas en Colombia. Sin embargo, los resultados proporcionarán una base para la comprensión de los efectos cualitativos de estas políticas en el pueblo Nasa, que pueden orientar futuras investigaciones con metodologías mixtas o cuantitativas que profundicen en los aspectos pendientes. Población y muestra de la investigación Población La población de esta investigación está conformada por los miembros del pueblo Nasa del Cauca, una comunidad indígena ubicada en el suroccidente de Colombia. Esta población es relevante porque ha sido directamente impactada por la Ley 70 de 1993, en relación a las disposiciones legales que respaldan los pueblos indígenas tales como el Decreto 982 de 1999 y los mecanismos de conciliación, los cuales han influido en aspectos culturales, territoriales y sociales de su vida comunitaria. Muestra La muestra estaría compuesta por un grupo representativo de actores clave dentro de la comunidad Nasa. Esto podría incluir líderes comunitarios, autoridades tradicionales, miembros de organizaciones indígenas, y otros habitantes que hayan participado o sido afectados por la implementación de las políticas mencionadas. La selección de la muestra sería intencional, enfocándose en aquellos individuos que puedan aportar información rica y relevante sobre los efectos de estas políticas en la transformación social y la resolución de conflictos en su territorio. Límites metodológicos Algunos aspectos de la pregunta de investigación pueden no ser respondidos completamente con la metodología cualitativa, como el impacto cuantitativo exacto de los recursos naturales, y el empoderamiento social del pueblo Nasa. Para realizar este análisis, se utilizará el software NVivo para la codificación temática, que facilitará la organización de los datos cualitativos y permitirá una mejor identificación de los patrones y categorías emergentes relacionados con la protección del territorio y la resolución de conflictos, analizados a la luz de indicadores cualitativos específicos. Este enfoque permitió una interpretación más precisa de los datos en un marco teórico y conceptual, lo que contribuyó a una comprensión más integral de la transformación social del pueblo Nasa y a la identificación de áreas de mejora en la implementación de dichas políticas y mecanismos de resolución de conflictos. Según Hernández et al. (2014), este enfoque facilita la interpretación de los datos cualitativos al vincularlos directamente con un marco teórico y al permitir una identificación detallada de las áreas de mejora en los procesos analizados. De esta manera, se logró un análisis más robusto y confiable de la efectividad de las políticas y mecanismos en el contexto del pueblo Nasa. En la Tabla 2, se presenta la Matriz de interpretación de la información. Tabla 2. Matriz de Interpretación de la Información. Dimensión Fuente de Información Técnica de Análisis Criterios de Selección Resultados Esperados Impacto cultural Relatos etnográficos. Análisis IAP. Relevancia comunitaria y social. Identificación de nuevas prácticas. Impacto territorial Relatos de líderes Nasa, documentos comunitarios, estudios etnográficos. Análisis cualitativo de narrativas. Relevancia cultural; representatividad de los actores consultados. Identificación de cambios en prácticas culturales, tradiciones y cosmovisión asociados a las políticas. Resolución de conflictos Ley 70 de 1993, Decreto 982 de 1999, resoluciones sobre territorios indígenas. Análisis normativo y descriptivo. Relación con derechos territoriales; pertinencia al contexto Nasa. Determinación de cómo estas normativas han fortalecido o limitado el control territorial del pueblo Nasa. Transformación social Entrevistas con líderes locales, mediadores comunitarios, estudios sobre justicia propia. Análisis de contenido y comparativo. Experiencia en resolución de conflictos; participación en procesos. Identificación de mecanismos indígenas y externos para resolución de conflictos, y su efectividad en la comunidad. Implementación de políticas Testimonios de miembros de la comunidad, estudios sociológicos, informes gubernamentales. Análisis crítico-comparativo. Representatividad de los testimonios; relación con las políticas. Evaluación de los cambios sociales (educación, equidad, cohesión social) derivados de las políticas analizadas. Nota: Esta tabla es de construcción propia a fin de organizar qué tipo de información ha de vincularse al momento de llevar a cabo del trabajo de cambio. Efectividad de los Mecanismos de Resolución de Conflictos Esta variable se enfoca en los mecanismos de justicia propia del pueblo Nasa y su efectividad en la resolución de conflictos. Se analiza cómo estos mecanismos se articulan con las normativas nacionales y qué mejoras son necesarias para optimizar su funcionamiento y garantizar la justicia en la comunidad. Tabla 3. Matriz de variables y análisis de la información Matriz de variables Ent. 1: Ent. 2: Ent. 3: Ent. 4: Ent. 5: Variable 1: Impacto Cultural de las Normativas. La Ley 70 ha permitido un reconocimiento cultural, pero hay desafíos en su implementación. Se observa una falta de difusión de la ley entre las comunidades. La normativa promueve la identidad, pero no se respeta siempre. Hay un impacto positivo, aunque a veces es superficial. Las tradiciones se ven afectadas por malentendidos de la ley. Variable 2: Derechos Territoriales y Autonomía La Ley 70 brinda derechos, pero se enfrentan a invasiones constantes. La autonomía es limitada por la falta de recursos y apoyo estatal. Se han logrado avances, pero siguen existiendo conflictos territoriales. Es fundamental garantizar la autodeterminación para preservar la cultura. La lucha por la tierra es una prioridad y debe ser resguardada. Variable 3: Efectividad de los Mecanismos de Resolución de Conflictos. Los mecanismos existentes son ineficaces; se necesita mayor capacitación. Hay desconfianza en las instancias de mediación. Se requiere un enfoque más inclusivo en la resolución de conflictos. La falta de seguimiento a los acuerdos es un problema recurrente. Las comunidades deben ser parte activa en la solución de sus conflictos. Observaciones finales Es necesario fortalecer la implementación de las leyes para proteger la cultura. La comunidad debe unirse para reclamar sus derechos y mejorar la situación. Se necesita un diálogo constante entre el estado y las comunidades indígenas. La educación sobre derechos es vital para empoderar a las comunidades. La autoorganización y la solidaridad son clave para enfrentar los retos. Nota: Esta tabla es de elaboración propia y describe las necesidades de las comunidades frente a la implementación de mecanismos de capacitación y participación en pro de la lucha de las comunidades indígenas y afrodescendientes. En relación a la información suministrada por los líderes indígenas, se debe entender que el pueblo Nasa no percibe la Ley o los acuerdos sobre esta como un derecho sino como una obligación fortuita de su identidad. La garantía puede ser “entendida como un conjunto de normas y principios que emergen de las dinámicas sociales de las comunidades”. En este sentido, se pueden considerar teorías propias del derecho aquellas que surgen de la experiencia y cultura de un pueblo, sin la influencia de conceptos externos. Esto es importante en el contexto de los pueblos indígenas, como el caso del sistema jurídico precolombino de los pueblos originarios de América, que se caracterizaba por su adaptación a las realidades sociales y culturales de sus comunidades. En la Figura 1, se representan las realidades del pueblo Nasa y su relación con los acuerdos legales.   Figura 1. Realidades del Pueblo Nasa. Nota: Gráfico de construcción propia. Fuente: Ávila, (2025). Lo descrito en la Figura 1 evidencia que la falta de registros escritos en estas sociedades ha dificultado la preservación de sus decisiones y métodos de administración de justicia. Aunque se reconoce la figura del cacique como líder, no se dispone de documentación sobre las decisiones que tomaba en su rol de juez o mediador. Esto ha llevado a una pérdida significativa de conocimiento sobre sus prácticas jurídicas ancestrales. La llegada de los colonizadores españoles trajo consigo un proceso devastador que incluyó la imposición de nuevas creencias y sistemas de gobierno, lo que resultó en la desaparición de muchas culturas indígenas y sus formas de derecho. La eliminación del cacicazgo y la imposición de la religión católica, junto con la introducción de procedimientos jurídicos ajenos, contribuyeron a la extinción de las tradiciones legales que habían existido durante siglos. Sin embargo, la Constitución de 1991 en Colombia marcó un hito importante al reconocer la diversidad étnica y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Este reconocimiento permite que las comunidades indígenas puedan gobernarse según sus propias tradiciones y cosmovisiones, estableciendo así una jurisdicción especial que respeta su autonomía. A pesar de los avances logrados, como la implementación de normativas que buscan proteger la legitimación de los pueblos indígenas, aún queda un largo camino por recorrer para recuperar plenamente sus garantías. La memoria colectiva y la historia de estas comunidades son fundamentales para la consolidación de su identidad y la reivindicación de sus derechos. La lucha y resistencia de los pueblos indígenas han llevado a la creación de decretos que facilitan la administración de la educación y la gestión de sus territorios, reflejando así sus esfuerzos por preservar su cultura y autonomía. La recuperación del derecho propio de los pueblos indígenas es un proceso continuo que requiere un reconocimiento profundo de su historia y una voluntad genuina de integrar sus saberes y prácticas en el marco legal contemporáneo. La memoria y la identidad son esenciales para avanzar hacia una verdadera justicia y equidad en la sociedad. En la tabla 4 se sintetizan en orden cronológico los decretos relacionados con los pueblos indígenas. Tabla 4. Evolución histórica de los decretos. Año Ley/Decreto Objeto 1993 Ley 70 Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política 1995 Decreto 2164 Reglamente la dotación y titulación de tierras a comunidades indígenas, incluyendo la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio 1999 Decreto 982 Por el cual el Gobierno Nacional crea una comisión para el desarrollo integral de la política indígena, se adoptan medidas para obtener los recursos necesarios y se dictan otras disposiciones 2014 Decreto 1953 Por el cual se crea un régimen especial para que los Territorio Indígenas administren sus propios sistemas (salud, educación, agua, etc) y recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Busca garantizar la autonomía indígena hasta que se expida la Ley definitiva Nota: Gráfico de construcción propia. Fuente: Ávila, (2025). Tal como se aprecia la tabla 4, muchos de los aspectos relacionados con los decretos indígenas tienen que ver con la absolución de la exclusión social en diversos niveles, el fortalecimiento de la autonomía en materia de ampliación de sus tierras en sus resguardos la implementación de una política pública indígena nacional , creación régimen especial para que los Territorio Indígenas administren sus propios mediante los recursos de Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI)estos recursos destinados específicamente a los resguardos indígenas para el financiamiento de los proyectos de inversión para el mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades que pueden ser ejecutados directamente con las autoridades indígenas o con la entidades territoriales (ETIS ) que estén en puesta en funcionamiento ,no obstante las acciones y los proyectos a ejecutar en salud , cultura , educación , infraestructura ,saneamiento básico agua potable etc..deben ir alineados a sus planes de vida y obedecer a sus reglamentos internos . Protección de la Identidad Cultural y su Relación con el Pueblo Nasa Al comienzo de este análisis, se planteó la interrogante de si la identidad cultural de los grupos étnicos puede ser considerada como un objeto de protección independiente dentro de la definición internacional de genocidio. La respuesta a esta cuestión es afirmativa, aunque es importante realizar algunas precisiones. La definición de genocidio, tal como se establece en el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (CPSDG), efectivamente permite la salvaguarda de la identidad cultural, pero esta protección tiene sus limitaciones. Por lo tanto, se argumenta que la identidad cultural posee una autonomía relativa en su resguardo. La comprensión de la llamada “destrucción” en el contexto del genocidio implica que no toda acción que afecte la identidad cultural se clasifica automáticamente como genocidio. Para que se considere genocidio, los actos deben incluir algún grado de violencia física, lo que significa que no todas las situaciones que impactan la identidad cultural cumplen con los criterios del genocidio. Sin embargo, como se observa en el caso del pueblo Nasa, los actos de violencia que amenazan la identidad cultural no siempre deben ocurrir en condiciones similares; su impacto depende del contexto y las características específicas de cada grupo. Este enfoque más amplio en la jurisprudencia facilita una mejor comprensión de las particularidades de cada caso, lo cual es esencial para la protección de la identidad cultural. Desde esta perspectiva, se pueden identificar tres elementos clave que ayudan a esclarecer el concepto de genocidio: i) los actos de violencia que han padecido las comunidades indígenas; ii) los daños colectivos que resultan de estos actos; y iii) la intención que subyace a estos comportamientos. Los actos de violencia abarcan crímenes como asesinatos, reclutamiento forzado de menores y desplazamiento forzado, que, aunque no todos están explícitamente mencionados en la definición de genocidio, pueden ser considerados dentro de acciones que afectan la integridad física o mental de los integrantes del grupo. Por ejemplo, el uso de minas antipersonal y el desplazamiento forzado pueden ser clasificados como actos de genocidio si se evalúa su impacto sobre el grupo afectado. Los daños pueden ser individuales, afectando a las víctimas directas, o colectivos, impactando a la comunidad en su conjunto. Los daños colectivos son particularmente relevantes, ya que afectan la cohesión y subsistencia del grupo, erosionando los rasgos culturales que lo definen. En el caso del pueblo Nasa, esto puede incluir daños a su territorio, autonomía y organización política. La intención que subyace a los actos de violencia es un aspecto fundamental. Los crímenes pueden ser cometidos con el propósito de eliminar físicamente al grupo o de desmantelar su cultura. Esta motivación puede estar impulsada por razones xenófobas o por intereses estratégicos y económicos, como el control de territorios. La diferenciación entre los tipos de afectaciones, los daños causados y la intención es esencial para salvaguardar la identidad cultural en contextos de conflicto armado que amenazan a grupos étnicos vulnerables. Por ello, se hace urgente retomar, la importancia de identidad cultural de los pueblos indígenas, como el Nasa en la cosmovisión local; el cual ha sido objeto de múltiples agresiones en el marco del conflicto armado colombiano. En este sentido, se ha planteado la pregunta de si dicha identidad puede ser protegida de forma autónoma dentro del concepto de genocidio. Según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (CPSDG), el artículo II establece que el genocidio incluye actos destinados a destruir total o parcialmente a un grupo étnico, lo que abre la posibilidad de considerar la identidad cultural como un bien jurídico protegido, aunque con ciertas limitaciones (Corte Penal Internacional, 1998). Como lo señala González (2023) en su artículo publicado en Revista Díkaion, no toda afectación cultural constituye genocidio. Para que se configure este delito, debe existir una intención clara de destruir al grupo, acompañada de actos de violencia física o mental. En el caso del pueblo Nasa, esta violencia se ha manifestado en formas como el desplazamiento forzado, el uso de minas antipersonal, el reclutamiento de menores y el asesinato de líderes comunitarios. Estos actos, aunque no siempre explícitamente tipificados como genocidio, pueden ser interpretados como parte de una estrategia sistemática para desmantelar la cohesión cultural y territorial del grupo (González, 2023). La jurisprudencia internacional ha evolucionado hacia una comprensión más amplia del genocidio, reconociendo que los daños colectivos como la pérdida de territorio, la fragmentación de la organización política y la imposición de modelos culturales ajenos pueden tener efectos devastadores sobre la identidad de los pueblos. En el caso del pueblo Nasa, la afectación a su autonomía y a sus sistemas normativos propios representa una amenaza directa a su subsistencia como grupo diferenciado. La intención detrás de estos actos ya sea por razones xenófobas o por intereses económicos vinculados al control de recursos naturales, es un elemento clave para su análisis jurídico. González (2023) propone tres elementos fundamentales para evaluar si se está ante un caso de genocidio cultural: los actos de violencia sufridos, los daños colectivos ocasionados y la intención subyacente. Esta tríada permite una lectura más precisa de las agresiones contra pueblos indígenas, alejándose de una visión reduccionista centrada únicamente en la violencia física. En este marco, la protección de la identidad cultural del pueblo Nasa no solo debe contemplarse como una cuestión jurídica, sino también como una responsabilidad ética del Estado y de la comunidad internacional. La defensa de la identidad cultural implica reconocer el derecho de los pueblos indígenas a mantener sus tradiciones, lenguas, formas de organización y vínculos con el territorio. En contextos de conflicto armado, esta protección se vuelve aún más urgente, pues la violencia no solo busca eliminar cuerpos, sino también borrar memorias, prácticas y formas de vida. Por ello, es fundamental que las políticas públicas y los mecanismos de justicia transicional incluyan la dimensión cultural como parte integral de la reparación y la garantía de no repetición. En la Figura 2, se muestra la frecuencia y prevalencia del conflicto legal en las comunidades indígenas. Figura 2. Frecuencia y prevalencia del conflicto legal Nota: Elaboración propia. Fuente: Ávila, (2025). En relación a la prevalencia de los conflictos que afectan el avance del pueblo Nasa en materia de reinserción social tal como muestra la Figura 3 destacan que el conflicto jurisprudencial tiene mayor prevalencia el conflicto armado porque de alguna forma involucra a agentes políticos, sociales, gubernamentales y locales en el problema. Influencia de la Ley 70 de 1993 y el Decreto 982 de 1999 La Ley 70 de 1993 y el Decreto 982 de 1999, aunque dirigidos a comunidades distintas, comparten un hilo conductor: el reconocimiento legal de derechos territoriales y culturales como base para la autodeterminación y la protección de la identidad étnica en Colombia. La Ley 70 de 1993, orientada a las comunidades negras, y el Decreto 982 de 1999, enfocado en los pueblos indígenas, constituyen pilares normativos que han contribuido significativamente al fortalecimiento de los derechos colectivos en Colombia. Aunque sus destinatarios son distintos, ambas normativas comparten el objetivo de garantizar la autonomía territorial, la participación política y la protección cultural de grupos históricamente marginados. En el caso del pueblo Nasa, ubicado en el departamento del Cauca, estas disposiciones han sido fundamentales para enfrentar los efectos del conflicto armado y la discriminación estructural. La Ley 70 reconoce el derecho de las comunidades negras a administrar sus territorios de acuerdo con sus prácticas ancestrales, promoviendo la participación en decisiones que afectan sus tierras y recursos. Por su parte, el Decreto 982 establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, encargada de formular políticas públicas que respeten sus sistemas normativos propios y sus formas de resolución de conflictos (Presidencia de la República, 1999). Esta articulación normativa ha permitido que comunidades como el pueblo Nasa fortalezcan sus estructuras organizativas y defiendan su identidad cultural frente a amenazas externas. Investigaciones como las de Acosta Navas (2019) destacan que el pluralismo jurídico es clave para entender la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. El reconocimiento de sus sistemas normativos propios, como los cabildos y las asambleas comunitarias, permite que la resolución de conflictos se realice desde una perspectiva intercultural, respetando sus cosmovisiones. Asimismo, Rentería-Jiménez y Vélez De La Calle (2021) subrayan que la protección del territorio está íntimamente ligada a la defensa de la identidad cultural, ya que el espacio físico es el soporte de las prácticas, lenguas y memorias colectivas. En el contexto del pueblo Nasa, la implementación de estas normativas ha sido vital para enfrentar el desplazamiento forzado, el asesinato de líderes y la imposición de proyectos extractivos. A través de la educación propia, la organización comunitaria y la movilización política, el pueblo Nasa ha logrado reivindicar su derecho a la autodeterminación y a la protección de su cultura. Como señala González (2023), la identidad cultural puede ser objeto de protección jurídica incluso en contextos de violencia sistemática, siempre que se reconozca la intención de desmantelar la cohesión del grupo. Por tanto, la Ley 70 y el Decreto 982 no deben verse como instrumentos aislados, sino como parte de un marco normativo que busca construir una Colombia más plural, justa y respetuosa de la diversidad étnica. Su aplicación efectiva es esencial para garantizar la paz territorial y la reparación histórica de los pueblos indígenas y afrodescendientes. En la Figura 3, se puede observar la línea de tiempo con la cronología que traza la evolución de los distintos acuerdos políticos y geográficos.   Figura 3. Línea del tiempo. Fuente: Tálaga y Botero (2023). De acuerdo a lo observado en la Figura 3 y lo planteado por Tálaga y Botero (2023), durante la llegada de los colonizadores españoles, las comunidades nativas se vieron obligadas a adaptarse a un nuevo orden social que buscaba erradicar sus formas tradicionales de organización y neutralizar su capacidad de resistencia mediante confrontaciones directas, las cuales se extendieron hasta el siglo XVII, cuando los grandes caciques lideraron estas luchas. Durante este mismo periodo, emergió una figura política significativa: Juan Tama, quien fue el primer cacique en buscar y alcanzar acuerdos entre su pueblo y la corona española. Este acontecimiento es crucial, ya que no solo se trataba de la delimitación territorial de las comunidades indígenas, sino que también representó un primer reconocimiento por parte de los colonizadores al legislar en favor de los derechos de los indígenas. A pesar de los derechos que se habían conquistado, fue recién en 1890, con la promulgación de la Ley 89, que se materializaron algunos de esos avances, resultado de casi cuatro siglos de lucha y resistencia. Como mencionó la autoridad Vladimir, aunque se impuso una estructura social ajena, también se destacó la importancia del reconocimiento de los derechos organizativos que debían ser protegidos por la corona española y, posteriormente, por la República de Colombia. Este proceso de reconocimiento se encuentra en continuidad con la Ley del Pueblo de 2015, que reafirma y protege los derechos de las comunidades indígenas, asegurando su autonomía y el respeto por sus formas organizativas y culturales. La legislación contemporánea busca consolidar las luchas históricas de los pueblos indígenas, garantizando que sus derechos sean reconocidos y respetados en la actualidad (Talaga & Botero, 2023). Desde la cosmovisión del pueblo Nasa, no se aborda el tema del conflicto armado ni de la violencia de la manera convencional. En lugar de eso, se enfatiza la necesidad de dignificar la vida a través de lógicas existenciales que difieren profundamente de las occidentales. El verdadero llamado del pueblo Nasa no es simplemente el cese de los ataques, sino un clamor por el respeto a sus formas de vida y a sus modos de existencia. Estas lógicas existenciales, que buscan vivir en armonía no solo con los miembros de su comunidad, sino también con todos los seres de la naturaleza, contrastan marcadamente con el pensamiento capitalista, que se basa en el individualismo y la competencia. A lo largo de su historia, han enfrentado conflictos armados que no les son propios, pero que han tenido consecuencias devastadoras para ellos. Es fundamental que el pueblo Nasa tenga la oportunidad de experimentar lo que ellos llaman el abrazo de la buena muerte, sin que la voracidad de la violencia externa interfiera en su autonomía y deseo de vivir en paz (Talaga & Botero, 2023). Desde la cosmovisión del pueblo Nasa, se observa una profunda conexión entre su forma de vida y la necesidad de dignificar la existencia, lo que contrasta con las narrativas convencionales sobre el conflicto armado y la violencia. En este contexto, los resultados obtenidos de las entrevistas reflejan cómo las normativas, como la Ley 70, han tenido un impacto cultural significativo, aunque su implementación enfrenta desafíos. Por ejemplo, algunos entrevistados mencionaron que, aunque la ley promueve la identidad cultural, su respeto no siempre se garantiza, lo que resalta la necesidad de fortalecer su aplicación para proteger las tradiciones del pueblo Nasa. En relación con los derechos territoriales y la autonomía, los entrevistados coincidieron en que, a pesar de los avances que la Ley 70 ha proporcionado, las comunidades siguen enfrentando invasiones y limitaciones en su autonomía debido a la falta de recursos y apoyo estatal. Esto se alinea con la cosmovisión Nasa, que aboga por el respeto a sus formas de vida y su deseo de vivir en paz, sin la interferencia de la violencia externa. La lucha por la tierra se presenta como una prioridad, lo que refleja la importancia de la autodeterminación para preservar su cultura y su existencia. Respecto a la efectividad de los mecanismos de resolución de conflictos, los entrevistados señalaron que los sistemas actuales son ineficaces y que existe desconfianza en las instancias de mediación. Esto sugiere que es fundamental adoptar un enfoque más inclusivo que permita a las comunidades participar activamente en la resolución de sus conflictos, lo que se alinea con la idea Nasa de buscar soluciones que respeten su autonomía y su cosmovisión. Las observaciones finales de las entrevistas subrayan la necesidad de un diálogo constante entre el estado y las comunidades indígenas, así como la importancia de la educación sobre derechos para empoderar a estas comunidades. Esto es crucial para que el pueblo Nasa pueda experimentar lo que ellos denominan el "abrazo de la buena muerte", un concepto que simboliza la paz y el respeto por su forma de vida, libre de la voracidad de la violencia externa (Talaga & Botero, 2023). Los resultados obtenidos reflejan la interconexión entre la capacidad técnica, la gobernanza y la cosmovisión del pueblo Nasa. La implementación efectiva de normativas y el respeto por sus derechos territoriales son esenciales para garantizar su autonomía y dignidad, permitiendo así que vivan en armonía con su entorno y con todos los seres de la naturaleza. En tal sentido, la interrelación entre las culturas Nasa y Yanacona, así como el impacto de la colonización y el conflicto armado en la ritualidad de la transición de niña a mujer, se conecta profundamente con los objetivos establecidos para evaluar el impacto de la Ley 70 de 1993 y el Decreto 982 de 1999 en el pueblo Nasa del Cauca. El objetivo general de evaluar estas normativas abarca no solo aspectos legales y normativos, sino también los efectos culturales y sociales que tienen en la vida cotidiana del pueblo Nasa. En este contexto, la pérdida de rituales significativos para la transición de niña a mujer se refleja como una consecuencia de la falta de efectividad en la protección de los derechos culturales y territoriales, lo que está intrínsecamente relacionado con el impacto de estas leyes. Los objetivos específicos de esta evaluación son igualmente relevantes. En primer lugar, el impacto de la Ley 70 de 1993 busca proteger los derechos culturales del pueblo Nasa. Sin embargo, se observa que, aunque la ley proporciona un reconocimiento cultural, su implementación enfrenta desafíos que limitan su efectividad. Esto se alinea con las percepciones de los informantes, quienes indican que, a pesar de ciertos avances, aún persisten obstáculos que afectan la continuidad de prácticas culturales esenciales. En segundo lugar, la implementación del Decreto 982 de 1999 se centra en la resolución de conflictos relacionados con la explotación de recursos naturales. La relación con el conflicto armado y la colonización muestra que estos factores han desestabilizado las comunidades, afectando no solo sus derechos territoriales, sino también su capacidad para mantener rituales fundamentales para su identidad cultural. La lucha por la tierra y la autonomía se vuelve crucial en este contexto, resonando con la necesidad de evaluar la efectividad de este decreto. En otro orden de ideas, los mecanismos de resolución de conflictos, como la Consulta Previa y la mediación intercultural, son considerados ineficaces por los informantes. Esto es especialmente relevante en el contexto de las mujeres Nasa y Yanacona, quienes han visto sus roles y tradiciones cuestionados y minimizados por la violencia del conflicto. La falta de confianza en estas instancias de mediación refleja la necesidad de un enfoque más inclusivo que permita a las comunidades participar activamente en la resolución de sus conflictos, lo que fortalecería sus prácticas culturales. Al analizar la influencia de la Ley 70 de 1993 sobre el pueblo Nasa, se puede señalar que la misma se manifiesta como un ejercicio de interculturalidad jurídica, dado que, aunque está orientada a las comunidades afrodescendientes, es posible adaptarla y contextualizarla a las condiciones particulares del pueblo Nasa con el propósito de que les permita resguardar su autonomía. En tal sentido se esperaba que esta ley pudiera complementar otros instrumentos jurídicos propios de los pueblos indígenas como el convenio 169 de la OIT y el decreto 982, de manera que sus mecanismos de resolución de conflictos basados en la Guardia Indígena y la autoridad del Cabildo tuvieran mayor legitimidad. Por otra parte, la Ley 70 ha permitido a los NASA dignificar sus modos de vida, por lo que se puede considerar como un elemento de transformación social, mediante el cual han podido gestionar las disputas que puedan surgir. En conclusión, el análisis de las culturas Nasa y Yanacona, junto con el impacto de las normativas, pone de relieve cómo los procesos históricos han influido en sus identidades y rituales. La colonización y el conflicto armado han tenido efectos profundos en la capacidad de estas comunidades para mantener sus tradiciones, especialmente en lo que respecta a la transición de niña a mujer. Al mismo tiempo, la evaluación de la Ley 70 de 1993 y el Decreto 982 de 1999 revela la necesidad de fortalecer la implementación de estas normas para proteger la cultura y asegurar que las futuras generaciones puedan vivir y celebrar su herencia cultural plenamente. La revitalización de estas prácticas y el empoderamiento de las mujeres en sus comunidades son esenciales para restablecer un sentido de pertenencia y continuidad histórica.   Thu, 23 Apr 2026 00:00:00 GMT https://repository.unad.edu.co/handle/10596/80350 2026-04-23T00:00:00Z https://repository.unad.edu.co/handle/10596/80349 Title: Percepción ciudadana sobre la capacidad de la política pública distrital de educación ambiental de Bogotá para responder a los desafíos ambientales y sociales del contexto urbano en 2025 Abstract: Este estudio analiza la política pública distrital de educación ambiental de Bogotá en 2025, con el propósito de comprender su capacidad para responder a los desafíos ambientales actuales y a las expectativas ciudadanas desde la percepción de la comunidad. La investigación adopta un enfoque metodológico mixto, con predominio del análisis cuantitativo a través de la aplicación de encuestas a ciudadanos de una localidad específica de la ciudad. Los resultados evidencian una brecha significativa entre la planificación institucional de la política y su apropiación social, reflejada en bajos niveles de participación directa, limitada visibilidad de las estrategias educativas y percepciones divididas sobre su efectividad real. Asimismo, se identifican desafíos relacionados con la comunicación institucional, la territorialización de las acciones y la alineación de las estrategias educativas con las problemáticas ambientales prioritarias para la ciudadanía. El estudio permite concluir que, aunque Bogotá cuenta con un marco normativo y programático sólido en educación ambiental, su impacto depende en gran medida del fortalecimiento de la participación ciudadana, la continuidad de las acciones y una mayor conexión entre la política pública y la vida cotidiana de los habitantes. Finalmente, la investigación aporta insumos analíticos relevantes para el fortalecimiento de la política pública distrital y para la reflexión comparada en otros contextos urbanos con desafíos ambientales similares. Fri, 09 Jan 2026 00:00:00 GMT https://repository.unad.edu.co/handle/10596/80349 2026-01-09T00:00:00Z https://repository.unad.edu.co/handle/10596/80329 Title: INCORPORACIÓN DE LOS JÓVENES RURALES EN LOS PLANES DE DESARROLLO DE IVÁN DUQUE Y GUSTAVO PETRO: UN ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL ACUERDO DE PAZ DE LA HABANA Abstract: Esta investigación analiza los Planes de Desarrollo (PND) de los gobiernos de Iván Duque (2018-2022) y de Gustavo Petro (2022-2026), con el propósito de comparar las estrategias, programas y proyectos orientados a generar oportunidades para la integración de los jóvenes rurales en las dinámicas productivas en los procesos de toma de decisiones en sus territorios. Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 GMT https://repository.unad.edu.co/handle/10596/80329 2026-04-10T00:00:00Z https://repository.unad.edu.co/handle/10596/80266 Title: Análisis Política Pública de Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado Interno Residentes en Leticia (2020-2023) Marta Cecilia Tarifa Mona Asesor Angelica Paola Mancera Ramírez Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas-UNAD Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial 2026 Abstract: La pequeña ciudad de Leticia capital del departamento de Amazonas, se caracteriza por poseer una gran tranquilidad, gracia a su lejanía con el centro de la capital, lo que la hace atractiva a los ojos de las personas víctimas del conflicto armado en otras regiones del país o de los corregimientos del mismo departamento, ellos han encontrado en esta ciudad un refugio para empezar de nuevo y dejar atrás el horror de la guerra. A pesar de las ayudas que ofrece el Estado para reparar a las víctimas, pareciera que no son suficientes, la población sigue enfrentando dificultades para acceder a sus derechos básicos, como el derecho a la reparación integral. Esta investigación se rige bajo la línea de la escuela de ciencias jurídicas, estudios políticos, gobierno y relaciones perteneciente a la sublínea de gestión de políticas públicas, teniendo como objetivo analizar política pública de reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en Leticia durante el periodo 2020 al 2023 en las líneas de atención psicosocial, indemnización administrativa y restitución de vivienda para determinar su cumplimiento e impacto en la calidad de vida de las víctimas. El marco metodológico tiene un enfoque cualitativo orientado a la comprensión profunda de la reparación y atención integral a las víctimas del conflicto armado interno permitiendo realizar un análisis descriptivo y analítico de la situación, mediante una exploración exhaustiva de la realidad socio-jurídica en la que se desarrollan las políticas públicas de reparación integral establecidas por la Ley 1448 de 2011 y su reforma la ley 2421 de 2024. Sat, 20 Dec 2025 00:00:00 GMT https://repository.unad.edu.co/handle/10596/80266 2025-12-20T00:00:00Z