El principio de selección objetiva en el marco de la urgencia manifiesta en la declaratoria por COVID-19 en la Provincia de Rionegro

Abstract

La investigación tuvo como propósito examinar la vigencia y aplicación del principio de selección objetiva en los diferentes procesos de contratación directa amparados en la figura de urgencia manifiesta durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 en la Provincia de Rionegro, Cundinamarca, a través de la revisión y sistematización del marco normativo y jurisprudencial vigente, se determinó que dicho principio, aunque totalmente susceptible de adecuarse a contextos excepcionales, constituye un pilar efectivamente esencial y de tal forma ineludible dentro del Estatuto General de Contratación Pública. También, por esta razón, incluso en escenarios que demandan inmediatez, resulta indispensable justificar, y principalmente de forma técnica y documentada, la idoneidad de los contratistas seleccionados. El estudio incluyó la identificación y análisis de diferentes contratos formalizados en los ocho municipios de la provincia, principalmente relacionados con la compra de insumos médicos y la prestación de servicios logísticos. De tal forma, los resultados empíricos mostraron una contradicción relevante: si bien la urgencia manifiesta permitió una respuesta rápida ante las necesidades derivadas de la pandemia y garantizó la disponibilidad total oportuna de recursos esenciales, en muchos casos fue utilizada efectivamente de manera excesivamente flexible, también sirviendo como mecanismo para evadir los controles propios de la selección objetiva. Los resultados obtenidos revelan la existencia de diversos direccionamientos contractuales, aumentos injustificados en los costos y una deficiente justificación en la evaluación de la idoneidad de los contratistas, lo que podría efectivamente afectar la integridad administrativa y derivar en responsabilidades judiciales para ciertos involucrados. En el ámbito de la Provincia de Rionegro, se determina que el uso de la figura de urgencia evidenció una bastante marcada distancia entre lo que establece la normativa y su aplicación real, convirtiéndose en una herramienta empleada con discrecionalidad que de esta manera debilita los principios de transparencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos. Aunque el vital principio de selección objetiva conserva plena validez jurídica, en la práctica administrativa fue objeto de reiteradas vulneraciones, también mostrando la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión.