Caso Petro, convencionalidad y protección de derechos políticos de los elegidos por voto popular en Colombia.

Abstract

El trabajo de investigación tiene por objeto analizar de las razones por las que el Estado colombiano no ha atendido la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia del 8 de julio de 2020, Caso Petro Urrego vs. Colombia, donde definió que en el país no se cumple con lo estipulado en el artículo 23 de la CADH en lo relacionado a la protección de los derechos políticos de los funcionarios de elección popular, por lo que pidió a Colombia armonizar el ordenamiento constitucional interno con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) Por lo anterior, corresponde al Estado colombiano tramitar a través del Congreso de la República la reforma constitucional que dé cumplimiento a lo dispuesto por la CIDH, para la protección de los derechos políticos de los elegidos por voto popular.

Con la actual conformación de las bancadas en el Congreso de la República, la falta de unanimidad en las bancadas para la aprobación de las iniciativas legislativas que hacen tránsito y ante la dificultad del gobierno para consolidad mayorías en el Congreso, el escenario político es contrario para la aprobación de una reforma constitucional como la que pide la CIDH.