Presupuesto del plan de desarrollo de la UNAD del 2023 al 2034

Abstract

De acuerdo con la Ley 30 del año 1992, que regula la Educación Superior en Colombia, y es clave para obtener la denominación de Universidad. Dentro de ella se especifica que se debe asegurar la universalidad en las actividades de investigación, formación y difusión del conocimiento son accesibles a toda la población, sin importar su origen, condición social, económica en el ámbito de la cultura universal y nacional (Artículo 19). El fortalecimiento de las universidades hace parte del grupo de las Instituciones de Educación Superior (IES), las cuales permiten su desarrollo como proceso natural y permanente que hace posible la evolución de las capacidades del ser humano de manera integral, y que tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional (Artículo 1). Entiendo el objetivo transformador de la educación superior y la universidad frente a la sociedad, se evidencia de igual manera los retos permanentes para la solución de problemáticas, transformación de la cultura y el desarrollo personal y general de los ciudadanos en Colombia. La universidad, y en general las IES, desempeñan un papel significativo en los Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTi) al impulsar el progreso y el crecimiento económico en sus áreas geográficas de influencia. Sin embargo, el impacto de las acciones de las instituciones de educación superior (IES) en la economía varía según la calidad de la investigación y la innovación que llevan a cabo. Esto implica que, en la actual economía basada en el conocimiento, las IES compiten por liderar el avance científico, técnico y tecnológico. Lo hacen a través de la formación integral de profesionales altamente capacitados y la promoción de la investigación y la innovación, actividades que desempeñan un papel crucial en su competitividad. (Henao-Garcia, 2013). Lo anterior, es importante revisarlo dentro del contexto económico global, y en particular, en el sector educativo en Colombia. Según los informes de la CEPAL correspondientes al año 2020, América Latina y el Caribe experimentaron la peor crisis económica en un período de ciento veinte años. Esta crisis se ha traducido en un fuerte impacto negativo en la región, exacerbando las desigualdades internas en los países y ampliando la brecha entre las naciones desarrolladas y en desarrollo. A esto se suman problemas estructurales y coyunturales, como el desempleo y la precariedad laboral, particularmente entre mujeres y jóvenes. La interrupción de las clases presenciales ha tenido efectos negativos en el desarrollo de habilidades cognitivas, ha reducido significativamente las oportunidades de aprendizaje y ha aumentado las tasas de abandono en todos los niveles educativos. Además, se ha observado un aumento en los niveles de pobreza extrema en la región (UNAD, 2023). En el año 2021, los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) no se logró la recuperación completa de la disminución experimentada en 2020. En el año 2022, se observa un crecimiento económico desacelerado en cada país, acompañado de una disminución en los recursos fiscales, presiones inflacionarias, un aumento en las tasas de interés y una notoria falta de infraestructura de tecnologías de la información y comunicación (TIC), particularmente en las áreas rurales. Además, la economía se encuentra inmersa en un contexto marcado por altos niveles de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad en asuntos monetarios y financieros, lo que impacta de manera generalizada en diversos aspectos de la sociedad. (UNAD, 2023). Dadas las circunstancias actuales, es evidente que se requiere impulsar una recuperación de la región que sea transformadora. Esto implica una fuerte promoción de la innovación, estímulos para la inversión tanto pública como privada, la creación de empleos, una mayor conciencia y acciones para atenuar los impactos ambientales en la planificación y ejecución del modelo de desarrollo, la adopción de fuentes de energía renovable, la expansión de la inclusión digital y el fortalecimiento de la industria manufacturera de acuerdo con las necesidades específicas de la región. En el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible tomando como base la Agenda 2030, se destaca que “la mayor fuente de financiamiento sería siempre el crecimiento económico y esa una tarea en que la región estaba lejos de su potencial. Para lograr el crecimiento se requería estabilidad macroeconómica e institucional, así como instituciones modernas y educación de calidad”. Ahora bien, la educación superior, tanto a nivel global como en el contexto de Colombia, enfrenta desafíos significativos que demandan un profundo análisis y transformaciones progresivas. Estos cambios abarcan diversos aspectos académicos, como la revisión de los contenidos curriculares, la duración de los programas de formación, las áreas de énfasis y especializaciones. Además, involucran la pertinencia de la oferta académica en relación con las necesidades locales, nacionales y globales, la estructura administrativa y docente de las instituciones, la financiación de universidades e instituciones educativas, y el papel del Estado en este proceso. La calidad de la educación superior, tanto en el sector público como en el privado, también es un aspecto crucial que requiere atención. Se destaca la importancia de la participación activa del sector empresarial en estos análisis, permitiendo la incorporación de habilidades fundamentales en los programas de estudio. Estas habilidades van más allá del conocimiento teórico y práctico e incluyen la inteligencia emocional y las capacidades humanas necesarias para enfrentar las demandas del entorno laboral y personal en la sociedad actual (SUE, 2021).

Este análisis plantea una cuestión de relevancia, que es el equilibrio delicado entre la autonomía universitaria, la transparencia, la corresponsabilidad y la supervisión estatal. Este equilibrio se ha vuelto más evidente en las universidades del país en la actualidad, particularmente con la asignación de nuevos fondos derivados de un acuerdo con el Gobierno Nacional. Estos fondos están condicionados a indicadores de desempeño definidos por el Ministerio de Educación Nacional y sujetos a la presentación de planes de desarrollo por parte de las instituciones, así como a esquemas de utilización de recursos que estén alineados con los objetivos del gobierno.