ANALISIS DE LA PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA “LA MODELO” DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2015-2020)

Abstract

Los derechos sociales, económicos y culturales están revestidos por el principio de progresividad, que en ocasiones conlleva a que países en desarrollo como Colombia difieran en el tiempo la implementación de ciertas garantías derivadas de esta clase de derechos, aplazando tales prestaciones con base en dificultades económicas. Sin embargo, una cuestión fundamental y mucho menos estudiada, es la manera como la característica de progresividad se aplica a otras categorías de derechos, como los civiles y políticos.

A la luz de los criterios normativos, teóricos y jurisprudenciales que rodean la progresividad de los derechos sociales, desarrollaremos nuestro núcleo temático de estudio, consistente en las implicaciones de este principio con respecto a los derechos humanos (en especial los derechos civiles), de la población privada de la libertad en el Establecimiento Carcelario de Bogotá, “La Modelo”, partiendo de la consagración del principio de progresividad en normas como la Declaración Universal de derechos humanos, el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y Culturales, el Pacto de derechos civiles y políticos, las reglas especiales para el tratamiento de reclusos de la ONU, la Constitución Política de Colombia, la cláusula del Estado Social de derecho y la discusión teórica realizada por autores como Courtis, Abramovich, Piccardo y Seleme, sin olvidar la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana frente a la materia.

Además, analizaremos los alcances prácticos de este principio y sus implicaciones en el estado de cosas inconstitucional por el que atraviesan las cárceles de Colombia en general, y en especial el Establecimiento Carcelario de Bogotá La Modelo en el lapso de los últimos cinco años, determinando si existen estrategias para lograr el cumplimiento de los compromisos establecidos por la Corte Constitucional en Sentencia T-388 de 2013, con el propósito de superar la crisis penitenciaria y carcelaria en el país, en el marco de las directrices internacionales que rigen el principio de progresividad, siendo de vital importancia observar la manera como la crisis mundial generada por la pandemia del COVID-19, ha empeorado la crisis en dicho establecimiento carcelario.