Lineamientos como base de una política pública para la formalización de bienes fiscales con ocupación pacifica prologada por campesinos en ocaña norte de santander con enfoque territorial y diferencial.
Compartir
Fecha
2025-02-21Autor
Naranjo, Yesica Lorena
Director
Páez Pedraza, Jessica PaolaCitación
Gestores bibliográficos
Palabras clave
Cobertura regional / País
cead_-_ocañaMetadatos
Mostrar el registro completo del ítem
Documentos PDF
Descripción del contenido
La propuesta busca estructurar lineamientos que permitan construir una política pública integral para la formalización de bienes fiscales ocupados pacíficamente por campesinos, tomando como foco de investigación la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, incorporando criterios diferenciados y el Principio de justicia territorial.
El problema radica en la falta de mecanismos efectivos para que los ocupantes accedan legalmente a la propiedad, a pesar de haber habitado, explotado económicamente y mejorado estos predios durante años. Esta situación genera inseguridad jurídica, limita el acceso a créditos y restringe el desarrollo rural.
La investigación adopta un enfoque cuantitativo, socio-jurídico y territorial, con un diseño exploratorio y descriptivo compuestos por tres fases, la primera conlleva una revisión normativa y jurisprudencial, seguidamente un diagnóstico territorial y por último el diseño de lineamientos de política pública para su formalización.
Para llevar a cabo esta investigación se utilizarán entrevistas semiestructuradas, observación en campo y análisis documental. Aplicado lo anterior, los resultados incluyen un diagnóstico integral, una ruta clara de formalización y lineamientos replicables en otros municipios, estructurados a partir de objetivos definidos, líneas de acción concretas, estrategias articuladas, enfoques diferenciales y un plan de acción como insumos en la construcción e implementación de la política pública. El impacto de la investigación es reducir la informalidad en la tenencia de la tierra, mejorar el acceso a programas estatales y fortalecer la seguridad jurídica de las comunidades campesinas, promoviendo un desarrollo rural sostenible y equitativo.























