Análisis de las posiciones jurídicas del Consejo de Estado de Colombia, respecto de la responsabilidad estatal por daño especial, entre los años 2010 y 2018

Abstract

La Constitución Política de 1991, dispone que el Estado colombiano es responsable patrimonialmente de los daños antijurídicos causados por las acciones u omisiones de sus agentes. A partir de este postulado, ha surgido un desarrollo jurisprudencial sustancial, cuyo responsable principal, ha sido el Consejo de Estado, dada su posición de máximo organismo judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa. Dentro del marcado avance en materia jurisprudencial, es de especial relevancia el establecimiento y clasificación de los títulos de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que, ante la carencia del sistema jurídico colombiano, de poseer normas de naturaleza legislativa o ejecutiva respecto del asunto que se trae a colación, ha tenido que ser la rama judicial, la que disponga los referentes normativos que regulan lo relacionado a la responsabilidad estatal. Una vez mencionado lo anterior, es pertinente indicar que, dentro de los títulos de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado, se encuentra el denominado como “Responsabilidad Estatal Por Daño Especial”, es justamente este elemento es el asunto central del presente escrito. Este documento pretende describir y analizar los pronunciamientos jurisprudenciales realizados por parte del Consejo de Estado de Colombia, entre los años 2010 a 2018, con el fin de determinar la posición jurídica que este ha tomado, respecto de la existencia y reconocimiento de la responsabilidad del Estado en aquellas situaciones en las que se aplica el título de imputación objetiva de daño especial. Para lograr el objetivo propuesto, se decidió elaborar una línea jurisprudencial, aplicando en su totalidad la metodología del análisis dinámico de precedentes, propuesta por Diego Eduardo López Medina (2009), la cual consistió en el planteamiento de un problema jurídico, a partir del cual se desarrollaron dos hipótesis que a su vez fungieron como posibles soluciones al problema planteado, con posterioridad a esto, se procedió a identificar un número significativo de “sentencias importantes”, las cuales se clasificaron y posicionaron usando el criterio de afinidad respecto de las hipótesis iniciales; por último se procedió a identificar la posición del órgano judicial respecto del problema jurídico, a partir del sentido de sus pronunciamientos. Con la aplicación del procedimiento descrito, se busca obtener valiosas conclusiones que a su vez se constituyan como un aporte significativo para las entidades del sector público, de tal forma que se pueda determinar en qué situaciones concretas el Consejo de Estado, considera que se puede emplear el régimen de responsabilidad objetiva por daño especial, y que elementos son esenciales para la configuración del mismo. De forma general, el conocer estas posiciones jurídicas, les permitirá a las entidades públicas contemplar los riesgos de responsabilidad patrimonial derivados de sus acciones u omisiones, antes de ejecutarlas