Para que los diferentes actores del sistema educativo, así como los aliados estratégicos del proceso de articulación educativa, puedan construir estrategias comunes para la puesta en marcha de la presente política pública, se requiere la definición de unas categorías y conceptos que garanticen un lenguaje y un propósito común en beneficio del mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la educación en los territorios para garantizar procesos de desarrollo regional y local.