La educación en Latinoamérica y el mundo ha ido perdiendo su carácter de derecho social. La intervención del Estado es legítima sólo para gestionar y desarrollar políticas que impulsen el mercado. Y, el mercado, tanto ofertante como demandante, se regula en función de su fuerza y de sus posibilidades.Aunque en América Latina se han introducido cambios significativos en los sistemas educativos, no se logran cambios educacionales ni estructurales. Las políticas educativas aplicadas son de dos clases, unas rígidas que se orientan a mejorar la calidad y la eficiencia; y otras periféricas, adaptables y volátiles que buscan la expansión y el crecimiento de la matrícula. En ambos casos, como afirma Navarro (2006), comprender por qué el cambio es difícil, implica entender a los actores principales, sus intereses, sus preferencias y sus posibilidades de conflicto o cooperación. Igualmente, involucra los elementos distintivos del proceso de formulación de políticas en el sector educativo.