La autonomía universitaria es condición indispensable para que las instituciones de educación superior cumplan su papel. El Estado debe garantizarla, en vez de conspirar contra ella, a la vez que debe velar por la calidad de la formación académica y el respeto que los estudiantes merecen en el ejercicio de sus derechos, sin interferir en el manejo, gestión y conducción de cada universidad ni afectar su vigilancia e inspección ―que no se confunde con el intervencionismo..