Actualmente en Colombia se viene adelantado un proceso de diálogo y negociación hacia la búsqueda de firmar un acuerdo de paz con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). Entre los puntos de la agenda se discuten la dejación de las armas, la reincorporación a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses. Con relación a lo económico, el país ha sabido mantener una economía estable a pesar del incremento de la escalada ofensiva y en sus peores momentos; por ejemplo, en el año 2007 la economía obtuvo en general buenos resultados; de hecho, el 2007 fue el quinto año consecutivo de crecimiento de la economía nacional, por encima del 5%, tomando como referencia el periodo comprendido entre el 2002 y 2010, siendo presidente Álvaro Uribe Vélez. (Botero & Méndez, 2008) Sumado a lo anterior, la presión internacional hacia la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado sugirió al presidente Juan Manuel Santos (20102018), buscar el respaldo necesario por medio de países y organismos internacionales para que en su función de “terceros” actuasen en la vigilancia de los acuerdos pactados. Sin embargo, y a pesar de la presunta voluntad política por parte del gobierno, varios fueron los desafíos no resueltos que, de una u otra manera, fueron obstaculizando el avance del proceso y postergando las conversaciones en temas como: Justicia Transicional, Reforma Agraria, Participación Política y Reparación a Víctimas. En relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el acuerdo de paz supuso la aprobación de Justicia Transicional, la participación política y el acceso a la verdad y reparación a las víctimas por parte de los guerrilleros de las FARC.