La Constitución Política de Colombia y la Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de la educación superior en este país, consagran y reconocen, respectivamente, a las universidades su derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas y adoptar sus correspondientes regímenes, entre otros fueros para su gobierno y gestión. No obstante, es llamativo que la gran mayoría de instituciones de educación superior replican modelos casi idénticos de organización y de gobierno, con lo que la diversidad y la posibilidad de tener una diferenciación propia a cada proyecto educativo institucional y estructura caen en un vacuo unanimismo, propio de la ortodoxia educativa, bien por cierta comodidad en el statu quo, que históricamente ha caracterizado a la oferta y la demanda, o porque se satisfacen con su limitado proceder como universidades en un país con serios problemas de cobertura educativa, de exclusión de jóvenes de regiones marginadas, y de ausencia de confrontación argumentativa entre lo que puede ofrecer la universidad y lo que necesita la sociedad.